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Amparo colectivo contra Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires - Ley de Control de Tabaco - 2013

justiceLa Fundación Interamericana del Corazón Argentina (FIC Argentina) con el patrocinio jurídico de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) presentaron un amparo colectivo en el marco del artículo 14 de la Constitución de la Ciudad y 43 de la Constitución Nacional, contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires reclamando el cumplimiento de la ley de control de tabaco número 1.799 modificada por ley 3.718. El amparo fue presentado el 5 de diciembre de 2013 y tramita ante el Juzgado Contencioso Administrativo y Tributario N° 12, Secretaría N°23, interinamente a cargo de la jueza Lidia Lago.

La demanda se basa en la omisión ilegal y arbitraria del Poder Ejecutivo de la Ciudad en dar cabal cumplimiento a la ley de control de tabaco. A lo largo de la demanda se demuestra que el artículo 2 de la ley 1.799 que prohíbe expresamente que se consuma productos de tabaco en espacios cerrados, no se cumple. Esta violación sistemática de la normativa evidencia que el Gobierno de la Ciudad no ha tomado las medidas necesarias e idóneas para la efectiva implementación de la ley de control de tabaco en el territorio de la Ciudad.

La ley 1.799 fue sancionada por la legislatura porteña en 2005 y modificada por la ley 3.718 en diciembre 2010. Esta modificación, que establece la prohibición de fumar en todos los espacios de trabajo cerrados, entró en vigencia en enero de 2012 y fue reglamentada por el Poder Ejecutivo en Marzo de ese mismo año. En este sentido, la ley y su modificación se encuentran en plena vigencia y la autoridad de aplicación cuenta con todas las facultades necesarias para garantizar su cumplimiento.

Tal como se demuestra a lo largo de la demanda, las discotecas, pubs y salas de juego porteñas son los locales donde más se ha observado incumplimiento y falta de control. La ley no se cumple en esos locales, especialmente en la nocturnidad; mientras que en otros locales sí se cumple. En este contexto, el cumplimiento de la ley se ha vuelto una cuestión voluntaria entre los responsables de los locales porteños ya que no hay acciones del Gobierno de la Ciudad que establezcan controles y sanciones en caso de violación y que impongan la obligatoriedad del cumplimiento. Esta circunstancia no sólo viola el derecho a la salud de las miles de personas expuestas al humo de tabaco ajeno que asisten a dichos lugares –especialmente a los/las jóvenes- sino también los derechos a un ambiente laboral sano y el derecho a la igualdad y no discriminación de los/as trabajadores/as de dichos establecimientos en tanto los mismos sufren las consecuencias nocivas de la exposición al humo de tabaco ajeno mientras que el resto de los/as trabajadores/as se encuentran debidamente protegidos/as; sin que exista criterio objetivo alguno que justifique esta diferenciación. Además, esta situación de hecho viola la ley 19.587 de Seguridad e Higiene laboral, de orden público, que establece la obligación de adoptar medidas en los ámbitos de trabajo con el objeto de proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los/as trabajadores/as.

Con el objeto de mediar en esta situación, FIC Argentina con el patrocinio de ADC solicitan a la justicia porteña que intime al Gobierno de la Ciudad a tomar medidas que se dirijan a cumplir de modo efectivo con lo dispuesto por la ley de control de tabaco a fin de garantizar el derecho a la salud y a un ambiente sano a todas las personas que asisten o trabajan en los establecimientos en los que se permite el consumo de tabaco, a pesar de la prohibición legal.

Como se mencionó más arriba, FIC Argentina a lo largo de la demanda presenta a la justicia una serie de acciones desarrolladas entre abril de 2012 y septiembre de 2013, con el objeto de demostrar el incumplimiento de la norma en la Ciudad. Así, FIC Argentina llevó a cabo dos investigaciones observacionales en la Ciudad en abril de 2012 y abril de 2013 que demuestran un alto incumplimiento de la ley en discotecas, pubs y salas de juego.

Asimismo, FIC Argentina asistió a reuniones con autoridades del Gobierno de la Ciudad a fin de solicitar información respecto de las medidas tomadas y poner a disposición los datos recabados en los protocolos observacionales. En las reiteradas reuniones, FIC Argentina consultó a los decisores políticos respecto de los mecanismos realizados para garantizar la efectiva aplicación de la ley de control de tabaco y, a pesar de los insistentes pedidos de FIC, no fue posible contar con dicha información.

Por tal razón, FIC Argentina procedió a presentar ante las distintas autoridades del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pedidos de acceso a información pública amparados en la ley 104 de la ciudad. Se presentaron distintos pedidos de acceso a la información pública a cinco organismos del Gobierno de la Ciudad: a la Agencia Gubernamental de Control, a la Dirección General de Control de Faltas Especiales, a la Dirección General de Administración de Infracciones, a la Subsecretaría de Atención Ciudadana y al Ministerio de Salud. Todos los pedidos de acceso que fueron respondidos (ya que de algunos no se obtuvieron respuestas) no brindaron información concreta que demuestre el desarrollo de un mecanismo eficaz para el control de cumplimiento e imposición de sanciones. Tampoco se informó respecto de un criterio formal para la imposición de multas y un destino concreto de lo recaudado. En conclusión, el Gobierno porteño no ha adoptado medidas efectivas que establezcan una efectiva implementación de la ley de control de tabaco, labrando actas y aplicando las sanciones correspondientes en caso de violación. .

También se solicitó información a la Defensoría del Pueblo de la Ciudad que informó que la recepción de 1.500 denuncias por violación a la ley 1.799.

Otras acciones realizadas por FIC Argentina para probar el incumplimiento de la ley de control de tabaco fueron la constatación por acto público de la violación en salas de juego y discotecas de la Ciudad. Se labró un acta notarial constatando el incumplimiento en dos salas de juego de la Ciudad y un acta notarial constatando el incumplimiento en dos discotecas.

También, FIC Argentina a través de la encuestadora MFG Consultores, llevó a cabo telefónicamente una encuesta a una muestra de 800 casos. En cuanto a la exposición a humo de tabaco en los lugares públicos el 50% reportó haber estado expuesto al humo de tabaco en algún lugar público en la última semana. La comparación por grupos etarios permite constatar que las personas de 15 a 29 años tienen una exposición considerablemente mayor que la que reportan los mayores de 30 años (68,6% vs 43% respectivamente).

Todas las acciones desarrolladas por FIC Argentina demuestran que el incumplimiento de la ley de control de tabaco en la Ciudad es sistemático y reiterado, especialmente en las salas de juego, discotecas y pubs. Asimismo, ante las respuestas brindadas por las autoridades del Gobierno a los pedidos de acceso a información pública, se deja de manifiesto que no existe voluntad política para el desarrollo de mecanismos eficientes que garanticen el cumplimiento de la norma; además tampoco existe una disposición eficiente de los recursos asignados al efecto.

El incumplimiento demostrado a lo largo de la demanda es causa de violación de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución local y Nacional a la salud, a no ser discriminado/a y a un ambiente laboral sano. Conforme tratados internacionales, los Estados tienen la obligación de evitar que se viole el derecho a la salud a través de acciones y omisiones, la falta de implementación de medidas efectivas que garanticen el cumplimiento de la ley implica una omisión del Estado local que genera una violación expresa del derecho a la salud de los porteños y las porteñas.

Los Estados también se encuentran obligados a tomar medidas que garanticen el efectivo goce del derecho a la salud de todos los habitantes por igual, sin distinción. Que la ley de control de tabaco sólo se cumpla en ciertos lugares de trabajo y que el Gobierno de la Ciudad no tome medidas que promuevan un cumplimiento uniforme, no sólo viola el derecho a la salud de quienes concurren a esos establecimientos sino que también contempla una situación de discriminación para los y las trabajadores/as que se desempeñan en esos lugares; exponiéndolos/as a ambientes de trabajo insalubres por el simple hecho de no implementar la norma de control de tabaco que ya se encuentra en plena vigencia. Esta omisión arbitraria del Gobierno de la Ciudad es discriminatoria respecto de quienes tienen que trabajar en establecimientos donde se viola la ley y se permite fumar.

Por último, la falta de acción del Gobierno de la Ciudad también viola el derecho de los y las trabajadores/as a desempeñarse en un ambiente laboral sano, contenido en normas internacionales y la propia ley nacional de seguridad e higiene, de orden público y obligatoria en todos los niveles de estado.

Por todo lo expuesto, las partes solicitan al poder judicial que intime al Gobierno de la Ciudad a que tome las medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de la ley de control de tabaco número 1799, modificada por ley 3718. En este orden de ideas, se proponen una serie de remedios que el juzgado puede disponer a fin de promover la correcta implementación de la ley; entre ellos se proponen:

- Implementación de acciones de comunicación necesarias para sensibilizar, educar y socializar los alcances de la ley.

- Desarrollo de acciones dirigidas a audiencias claves, como los dueños de salas de juego, bares o locales bailables de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Entre estas acciones se sugiere informar los alcances de la ley y las sanciones que se aplicarán en caso de infracción; explicar los deberes u obligaciones que les caben a los responsables de los locales; brindar asesoramiento para que puedan cumplir con ellos y brindar información acerca de dónde consultar y contrarrestar la falsa creencia según la cual los establecimientos del sector perderían dinero al ser implementada la ley.

- Acciones de educación y sensibilización en los edificios públicos para garantizar el alto cumplimiento de la norma en las dependencias del Estado.

- Instrumentación de un sistema eficaz de inspecciones y multas, que incluya la planificación de las acciones de monitoreo, el registro detallado de los procedimientos y la previsión de efectuar controles tendientes a revisar posibles casos de reincidencias, atento su tratamiento diferenciado en la ley 1799. Asimismo, desarrollar acciones de implementación específicas y focalizadas en los ámbitos de particular resistencia, como las salas de juego y los locales bailables, tal como se ha demostrado en la presente demanda.

- Garantía de que los fondos obtenidos en concepto de multas por infracciones a la ley 1799 serán destinados a "acciones de prevención y lucha contra el consumo del tabaco que implemente el Gobierno de la Ciudad", tal como establece el artículo 28 de la propia ley.

- Funcionamiento efectivo del Comité Asesor Interdisciplinario, establecido en el artículo 5 de la ley 1799.

- Dotación de mayor trasparencia al proceso de denuncias, aplicación de multas pecuniarias y seguimiento de las mismas, incluyendo la agilización y difusión a la comunidad de los sistemas de denuncias ciudadanos. - Establecimiento de mecanismos de seguimiento y de rendición de cuentas de estas medidas, como la obligación de presentar en autos periódicamente informes con el estado de implementación de la ley, a fin de ser discutidos en audiencias públicas.
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