Desde que empezó a tratarse el proyecto de Ley Bases, en diciembre del año pasado, los impuestos al tabaco ocupan un lugar destacado en la agenda de los medios de comunicación. La semana pasada el tema volvió a ocupar un espacio destacado a raíz de que la Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley “Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos”, que incluye un capítulo sobre modificaciones a los impuestos internos al tabaco.
Si bien esta modificación contempla un aumento de la alícuota del impuesto interno al cigarrillo del 70% al 73%, implica no obstante un retroceso en la protección de la salud pública, dado que suprime el componente mínimo del impuesto. De convertirse en ley, esta eliminación habilitaría la proliferación de cigarrillos muy baratos en el mercado, atentando contra el objetivo de reducir el consumo.
La cobertura mediática del tema, así como los intercambios entre Diputadas y Diputados, se centraron en los posibles beneficios o perjuicios que sufriría una tabacalera u otra en caso de avanzar con esta reforma. A lo largo de todos estos meses podemos ver un punto en común en el debate: la perspectiva de salud pública no está incluida en el tratamiento de este tema.
A partir de esta preocupación, el día lunes junto a 40 organizaciones de la sociedad civil de Argentina y de la región, enviamos una declaración al Senado de la Nación para evitar un retroceso en la política de impuestos al tabaco que pondría en riesgo la vida de millones de personas en nuestro país. Pedimos a los Senadores y las Senadoras que rechacen la modificación a los impuestos internos de los cigarrillos tal y como está planteada en la media sanción de la Cámara de Diputados y se convoque a un debate de modificación con perspectiva de salud pública.
Actualmente, en Argentina fuman 2 de cada 10 adultos y el inicio al consumo se produce entre los 12 y los 15 años. La evidencia científica señala que una política de aumento de impuestos que se traslade a precios es la medida más costo efectiva para reducir la epidemia de tabaquismo. Además, tendría también un impacto positivo en la recaudación pública. Recordemos que, sólo en 2022 los costos generados por las enfermedades asociadas al tabaquismo se estimaron en 840 mil millones de pesos.
La discusión sobre políticas públicas que impactan sobre la epidemia del tabaquismo, que genera más de 42.000 muertes por año, debe estar centrada en los derechos de la población. La mejor reforma a los impuestos al tabaco será sólo la que tenga perspectiva de salud, que involucre a la sociedad civil en su redacción, y que esté basada en evidencia libre de conflictos de interés.
