Hace unas semanas el Senado aprobó un proyecto de ley para establecer un etiquetado frontal de advertencias en alimentos y bebidas no alcohólicas, basado en los mejores estándares. Ahora es el turno de Diputados y, en el Día Mundial de la Obesidad, más de 100 organizaciones y referentes piden que se apruebe el proyecto sin demoras ni cambios.
(Buenos Aires, 12 de noviembre) Más de 100 organizaciones científicas, académicas, de la sociedad civil y referentes del ámbito de la salud de toda la región de América Latina firmaron una declaración donde solicitan a las y los Diputados de la Nación que aprueben el proyecto de etiquetado de alimentos sin demoras ni cambios. El proyecto ya cuenta con media sanción: fue aprobado casi por unanimidad, y por todas las fuerzas políticas en la Cámara de Senadores de la Nación.
Ahora es el turno de la Cámara de Diputados donde el proyecto tendrá giro a tres comisiones: legislación general; acción social y salud pública; y defensa del consumidor. La industria de alimentos y bebidas, así como sus grupos aliados, muestran un gran rechazo al proyecto y buscan obstaculizar el proceso a través de argumentos falsos y amenazas de posibles impactos negativos de esta medida. De esta manera, priorizan intereses particulares por sobre el objetivo central del proyecto que es garantizar el acceso a la información, de forma simple y rápida, sobre el contenido real de los productos de consumo y la evidencia es contundente sobre su efectividad:
- La Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y Organización Panamericana de la Salud (OPS) han reconocido al sistema frontal de advertencias de octógonos negros como una de las medidas recomendadas para regular la producción y desincentivar el consumo de productos con alto contenido de azúcar, sal y grasas.
- En base a estudios realizados por el Ministerio de Salud de la Nación, el perfil de nutrientes que más se adecúa a las Guías Alimentarias para la Población Argentina (GAPA) es el diseñado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS).
En este marco, las organizaciones y referentes nacionales, regionales e internacionales que firmaron la declaración solicitan que la Cámara de Diputados priorice el derecho a la salud, la alimentación adecuada y el derecho a la información de toda la población en general, y en especial de niños, niñas y adolescentes. A su vez, piden que se generen procesos de deliberación, diseño, sanción e implementación de políticas públicas libres de conflicto de interés de las corporaciones e industrias alimenticias y de bebidas azucaradas.
“La voluntad política y la intención de proteger la salud por sobre cualquier otro interés o presión debe primar. Los gobiernos deben implementar medidas basadas en evidencia científica sólida y libre de conflicto de interés que protejan el derecho a la información, a la salud y a la alimentación adecuada”, concluyó Leila Guarnieri, investigadora de FIC Argentina.
